La ley ambiental chilena está fundada en los principios y derechos establecidos en la Constitución y en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. La dictación de esta última otorgó al sistema ambiental chileno un marco en el cual las nuevas y antiguas regulaciones ambientales pueden operar y desarrollarse en forma sistemática.
La Ley N° 19.300 estableció la base de una política ambiental moderna, la cual se expresa en instrumentos que están basados en principios preventivos y de participación.
El sistema ambiental chileno opera a través de varios instrumentos, entre los cuales podemos mencionar principalmente los siguientes:
• Normas de emisión y de calidad, respecto de agua, aire, etc.;
• Procedimientos de registro: fuentes de emisiones atmosféricas, industrias generadoras
de residuos sólidos, etc.;
• Procedimientos de autorización: informe sanitario, autorización para bodegas, planes
de prevención de riesgos, etc.;
• Prohibiciones: prohibición de utilizar algunas sustancias peligrosas;
• Regulaciones en relación a uso de suelos, aguas marítimas, etc.;
• Instrumentos o mecanismos económicos: cuotas de transferencia de emisiones
atmosféricas en el área de Santiago;
• Evaluación de impacto ambiental;
• Planes de prevención, manejo y descontaminación;
• Áreas protegidas; y,
• Responsabilidad por daño ambiental.
De acuerdo con la Ley N° 19.300, las normas de calidad y de emisión, los planes de prevención y descontaminación, y las regulaciones relativas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son dictadas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La preparación de las mencionadas normas y planes es llevada a cabo a través de un procedimiento administrado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en el cual el público en general y otras organismos públicos pueden participar.
Las otras instituciones públicas con competencia ambiental son, básicamente, el Ministerio de Salud a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección General de Aguas, la Comisión Nacional de Energía, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
